
Tanto desde la CGT que comanda Antonio Caló, como desde la disidente de Hugo Moyano, se pusieron en evidencia durante 2013 diferentes reclamos por la situación de las obras sociales sindicales surgidas a partir del acuerdo que permite derivar aportes de afiliados a las prepagas, junto al reclamo de deudas millonarias desde el Estado nacional a las obras sociales.
Fue en el marco de un amplio conjunto de reclamos vinculados al sistema de salud que impulsan los sindicatos, y la CGT de Caló propuso concretamente bloquear los mecanismos que permiten a los trabajadores derivar sus aportes a un sindicato que posea un convenio de colaboración con una cobertura médica prepaga.
El dato es que el sistema de medicina prepaga cuenta, según el último censo poblacional, con seis millones de usuarios, de los cuales cuatro están afiliados a través de obras sociales. El Gobierno todavía no tiene una resolución pero advierten que, por ahora, la clausura de la alternativa de traspaso no es una opción bajo estudio.
El argumento de base para los sindicatos es que esa posibilidad genera efectos nocivos sobre el financiamiento de los servicios que prestan los gremios: el flujo desde las obras sociales hacia las prepagas comenzó con la desregulación del sistema de salud iniciada en los 90, impactando por lógica de modo negativo sobre el financiamiento de las obras sociales ya que algunos sindicatos ven caer su número de afiliados de altos ingresos que derivan sus aportes hacia sindicatos con acuerdos con las prepagas para lograr una “mejor cobertura médica”.
La consecuencia de este drenaje de trabajadores de altos salarios hacia las prepagas es el vaciamiento/desfinanciamiento de las obras sociales en las que aportan los trabajadores de menores ingresos, generando una situación regresiva entre los asalariados en lo que respecta a su acceso a la salud.
Este planteo, junto al reclamo de Moyano vinculado a deudas del Estado nacional hacia las obras sociales, determinó el anuncio desde la Superintendencia de Servicios de Salud -a cargo de Liliana Korenfeld- de un incremento del aporte estatal que se realiza a las obras sociales sindicales para la atención médica a sus afiliados. Este será en 2014 de 6.500 millones de pesos.
Fuente:»elpatagonico.net»