Por Doctor Dardo Pereira-Presidente de la Sociedad Odontológica La Plata

Hace unos días atrás tuve la oportunidad en un desayuno de trabajo con representantes de varios sectores de la salud, verdaderos compañeros de ruta de lo que se denomina en la jerga habitual el sector privado de la salud, allí repasamos entre todos los presentes los problemas acuciantes del sector y en cierta medida nos sentimos, como que la salud en la Argentina es ignorada  en las grandes decisiones de la política y de los políticos.

La salud no se registra entre las grandes preocupaciones de la población, ya que otros temas como la inflación, la inseguridad, la perdida de puestos de trabajo, etc. la van desplazando paulatinamente a los escalones 13 o 14 de este ranking de preocupaciones de la gente.

Si  a esto le sumamos que la presión tributaria sobre el sector salud es cada vez más grande, seguramente como la del resto de los ciudadanos, pero con el agravante que nuestras actividades están todas registradas, todas “en blanco” como se dice habitualmente,  sin oportunidad de omitir nada, como sucede en otras actividades profesionales, o comerciales.

A los muchísimos  impuestos nacionales como  IVA, ganancias, bienes personales, se le pueden sumar además otros que nos afectan o pueden hacerlo en algún momento  como  Impuesto a la renta mínima presunta, Impuesto al  monotributo, Impuesto sobre débitos y créditos bancarios, Impuesto a la riqueza, que se aplica a los autos de más de $70.000 (11% sobre el monto total), Impuesto para la Agencia de Emergencia Vial (se creó a principios de 2008, ante la gran cantidad de accidentes en las rutas, y se financia con un 1% adicional al Impuesto Automotor).

Además de impuestos provinciales como el Impuesto sobre tarifas de agua, luz, gas y teléfonos, por aumento en  tasa de ingresos brutos, impuestos sobre  operaciones bancarias  no computables como  crédito fiscal e incremento de aportes patronales, Tasas sustitutivas de otros impuestos provinciales, Impuesto inmobiliario provincial, Impuesto a  Ingresos brutos provinciales.

Pero esto no queda acá porque están las tasas municipales que en algún momento nos van a alcanzar como  Impuesto por alumbrado público en tarifa de luz,   Impuesto de ABL alumbrado, barrido y limpieza, Impuesto a patentes de automotores, Impuesto sobre bienes inmuebles, Tasa de pavimentos  y cloaca, Impuesto por tendido de red de agua potable, Impuesto por extensión  de la red  de gas,  Impuesto por terrenos baldíos, Impuesto sobre casas y departamentos desocupados, Impuesto por publicidad en la vía publica.

Aunque los más comunes que nos afectan directamente además de los nacionales ya enumerados, son los provinciales como ingresos brutos, y desde hace un tiempo se sumaron las denominadas tasas municipales, de diferente intensidad de acuerdo al municipio, que hacen del ejercicio de las profesiones de la salud cada vez más complicada.

Lo cierto es que en el 2013, el país tuvo un nivel de presión tributaria sobre todo los ciudadanos de 31,2%, muy por encima del resto de los países de América latina. Según un informe de la CEPAL se trata de los valores en materia impositiva más altos de la historia. De acuerdo a este organismo dependiente de las Naciones Unidas, el año pasado la Argentina estaba ubicado en el primer lugar de presión tributaria.

Como es habitual desde la intervención del INDEC, las estadísticas chocan con el discurso oficial. Lo cierto es que los niveles de presión tributaria están apenas 3 puntos por debajo de las naciones desarrolladas, con el 34,1 por ciento, y con una contraprestación de servicios públicos notablemente inferior en materia educativa, en materia sanitaria y en todos los aspectos de la  infraestructura de una sociedad, sea rutas, pavimentos, seguridad, iluminación, niveles de pobreza, etc., etc..

El estudio de la CEPAL concluye que América Latina, a diferencia de la OCDE, sostiene un perfil impositivo regresivo por el impacto de las exacciones indirectas, como el IVA, que aplican sin distinción a todo el público. Es decir, alcanza a todos, independientemente si el afectado vive en un asentamiento precario o en un barrio cerrado y exclusivo. Argentina no escapa a esta realidad de Latinoamérica ya que la mayoría de los impuestos en vigencia en nuestro país son indirectos y totalmente regresivos.

Como detalle veamos que desde 1990, la presión tributaria en Argentina pasó del 12,4% a 31,2% en 2013. Entre los segmentos que más perciben el incremento de los impuestos están las clases medias, o sea nosotros, los odontólogos entre otros compañeros de ruta, a raíz del peso creciente del Impuesto a las Ganancias. A través de este mecanismo, desde 2010, la AFIP pasó de recaudar el 1,32% al 2,59% en 2014. Aumentó el doble en dicho período. El incremento se explica en parte porque desde 2013 NO SE ACTUALIZA  la alícuota y el mínimo salarial para percibir el tributo.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal calculó que los trabajadores en relación de dependencia sufren «una presión tributaria total muy superior al 50% de sus ingresos», si se consideran otros gravámenes directos, como bienes personales, el inmobiliario, y patentes. Y estimó que este año, con un nivel de inflación de 30 por ciento, un asalariado que paga Ganancias deberá obtener un aumento de hasta el 46% en su sueldo para no perder poder adquisitivo.

Y entonces nosotros como odontólogos nos preguntamos: ¿Y cuanto debemos aumentar los aranceles para hacer rentable nuestra profesión?, chocando una y otra vez contra el poder financiador de muchas obras sociales, empresas de medicina prepaga, gerenciadoras, etc., que ante la variada y desmedida oferta  de servicios se arrogan supuestos derechos para vulnerar nuestros honorarios, con propuestas totalmente fuera de lugar, y no quieren aceptar nuestras propuestas porque tienen otras opciones  de redes  privadas, o toman prestadores individualmente por aranceles y honorarios muchísimos más bajos, transformando a esta puja por los honorarios profesionales en una lucha desigual.

De ahí la importancia de mantenernos unidos y no prestar servicios bajo los denominados “contratos cerrados”, que provocan una desintegración de la profesión organizada, a expensas de todos nosotros y por supuesto de la rentabilidad profesional.

Y a todo esto se le debe agregar un mal que se instaló desde mediados  del 2007 y que corroe los ingresos de todos los ciudadanos  y por supuesto los nuestros y ese fenómeno al cual ya no hemos referido en muchas oportunidades se denomina INFLACION, y hasta que no se resuelva este tema nuestra rentabilidad estará siempre cuestionada por la incontrastable realidad.

Y como estamos en un año electoral, esperamos que el próximo gobierno tome este drama económico por las astas y lo resuelva de una vez por todas. Eso sería además de una buena noticia para todos, una realidad que a la política le interesa lo que le sucede a la gente.