“No se va a poder competir ni lanzar las versiones genéricas de medicamentos si se adopta la legislación de datos de prueba que pretende imponer la Unión Europea al Mercosur”, advirtió hoy CILFA, la cámara de los laboratorios nacionales, al exponer durante una audiencia especial de las comisiones de Industria y Comercio y Ciencia y Tecnología del Senado.
MARIANO GENOVESI, experto en propiedad intelectual de CILFA, explicó que la cámara industrial accedió a los borradores de la negociación por “cámaras colegas del Mercosur” y no por el acceso directo a través de la Cancillería Argentina.
“Eso nos da la posibilidad de hacer un análisis que nos llena de preocupación porque implica un cambio jurídico en la Argentina de los acuerdos de la OMC de 1994 que obligó a modificar la ley de patentes de Argentina”, afirmó Genovesi.
Uno de los reclamos de la UE es la extensión de las patentes por demora de la autoridad sanitaria local en aprobarlas, por lo que piden extender el plazo de 20 años a 25 años.
“Muchas de las patentes que están venciendo entre el año pasado y este año fueron concedidas a partir de 1995 cuando Argentina adoptó la nueva ley de patentes y hay muchas empresas que están esperando el vencimiento para salir al mercado pero si se aprueba esta exigencia (las multinacionales) “van a seguir teniendo una posición monopólica”.
Genovesi resaltó que sobre los datos de prueba que en Argentina existe un decreto desde 1991 que se convirtió en un modelo en el mundo porque reglamenta la aprobación por similaridad que no requiere repetir los estudios.
“Esto lleva a un proceso simplificado que nos coloca en promedio a los 82 días” o incluso en Europa la autoridad sanitaria EMA “lo hace en menos plazo”.
Pero ahora “la UE pretende que se implante su estandar jurídico que impone que a partir del primer registro sanitario no puede ser aprobado ningún genérico por diez años”.
“Esto es como si en la esquina de Hipolito Yrigoyen y Entre Ríos se establezca un bar y que el gobierno de la ciudad no de autorización para otro bar a diez cuadras a la redonda”, comparó Genovesis ante los senadores.
“Lo que se está generando es un derecho administrativo más fuerte que la patente porque un empresario que considere que la patente es nula y comete una infracción corre el riesgo de que puede ser sacado del mercado, pero sin la autorización de la ANMAT no puede comercializar aunque no necesita patente”, explicó.
“Esto nos preocupa muchísimo”, resaltó Genovesi y recordó que desde 2002 se registraron 250 nuevos medicamentos, a un promedio de 10 a 15 por año que son los más costosos y los que tienen mayor impacto y no se podrá competir con versiones genéricas” de imponerse la exigencia de la UE.
También recordó que a partir de las demandas judiciales de las multinacionales hubo en Argentina una “lluvia de medidas cautelares y se suspendieron licitaciones en virtud de una interpretación judicial de los tratados de la OMC, por eso la importancia de que en la negociación del acuerdo haya transparencia”.
“Consideramos que argentina y Mercosur debe respetar niveles de observancia y protección que surgen del acuerdo Trips de la OMC y continuar haciendo uso de las flexibilizaciones que ha permitido una industria competitiva a nivel mundial y que brinda trabajo a sus conciudadanos”, pidió Genovesi.
Isaias Drajer, presidente de CILFA, reconoció que las exigencias de la Unión Europea tendrán un “fuerte impacto” en la industria farmacéutica argentina que “es una de las cuatro en el mundo que tiene preponderancia en el mercado interno y es la única de las cuatro en que la industria nacional tiene el 64 por ciento de participación en unidades en el mercado”.
“El Estado tiene la obligación de garantizar la salud de la gente y un desvío de las normativas de la OMC generaría un fuerte impacto negativo en la Argentina”, reforzó Drajer.
Drajer alertó que las obras sociales podrían encaminarse “hacia la ruina” de prosperar las demandas judiciales para que financien medicamentos de alto costo.
En este sentido mencionó el caso del medicamento Spinraza cuyo nombre comercial es Nursirensen del laboratorio Biogen para el tratamiento de la atrofia muscular espinal (AME) que ha sido aprobado recientemente en Argentina a un costo de 125 mil dólares por unidad, más caro que en Canadá y que en Europa.
El presidente de CILFA pidió un equilibrio “entre el derecho a la propiedad y el derecho a la salud” y recordó que los laboratorios multinacionales a diferencia de los nacionales importan productos terminados y no generan valor agregado en el país.
Por el contrario, los laboratorios nacionales garantizan 43 mil empleos directos y 120 mil en forma indirecta, resaltó Drajer.
“Una patente por veinte años es poco?” se preguntó el presidente de CILFA durante la audiencia en el Senado. Y
Drajer pidió un estudio del “impacto” que tendrá el acuerdo entre Mercosur y la UE, recordando que un estudio de 2003 ya alertaba que un acuerdo con la UE representaría una reducción del superávit comercial de Argentina por mil millones de dólares, mientras que para Brasil la reducción trepaba a 7.300 millones de dólares. La contracara era la UE que reducía su déficit en más de 8 mil millones de dólares.
“Los negociadores no vienen acá a explicar que es lo que se está negociando”, enfatizó Drajer en una crítica velada a la Cancillería y advirtió a los senadores el riesgo de aprobar un acuerdo a libro cerrado por presiones políticas o exigencias presidenciales.
Fuente:»Pharmabaires»
